El pasado jueves, 30 de enero, declaró ante la jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Olot la trabajadora del geriátrico de Torreblanca de Sant Joan de Les Fonts (La Garrotxa), investigada por una denuncia de homicidio imprudente. Los hechos se remontan a agosto de 2021, cuando un brote de Covid, supuestamente provocado por esta trabajadora, llevó a la muerte de siete personas internadas en el centro. Para Álvaro Machado, letrado de Vosseler Abogados que representa a una de las víctimas, estos hechos son “muy graves” y los califica como “homicidio múltiple por imprudencia grave”.
La trabajadora, que solo contestó a las preguntas de su defensa, negó que fuese a trabajar con síntomas de covid y aseguró que sufre de “tos crónica”. Por su parte, la responsable del centro Torreblanca, que declaró como testigo, aseguró ante la magistrada que la investigada informó días después de que había ido a trabajar con síntomas para no perjudicar con el servicio. La directora explicó que despidieron a la empleada un burofax al saltarse el protocolo y cometer una falta grave.
CONDUCTA IRRESPONSABLE
“No es que hayan fallado los protocolos, que haya sido un accidente o un descuido, es un acto criminal -afirmó Álvaro Machado-. Si con sintomatología de covid acudes a un centro con personas vulnerables te conviertes en un arma”. El letrado de la familia de la víctima considera que se trata de “una conducta manifiestamente irresponsable. Una imprudencia muy grave porque, de confirmarse las investigaciones, habrá costado la vida a siete personas”.
Aún está pendiente de declarar ante el juez la compañera de trabajo de la investigada, a quien habría reconocido que tenía síntomas compatibles con el covid, como “tos, fiebre y resfriado”. Para el letrado Álvaro Machado, “es una testigo fundamental”.
Álvaro Machado representa a los familiares de Luciana Moreno Maíllo, que murió en el centro a causa de la Covid. «Pero en estas mismas fechas murieron siete personas residentes en la misma planta del geriátrico por el brote de Covid que supuestamente provocó la empleada”, apunta el letrado.
Álvaro Machado lamenta que «la falta de medios y personal de la Justicia» haya provocado que todo el proceso arrastre un «injustificable retraso de casi tres años».
LOS HECHOS
A principios de agosto de 2021 se detectó un brote de Covid en el geriátrico Torreblanca, que provocó la muerte de siete residentes del centro. Entre ellos, Luciana Moreno Maíllo (a cuya familia representa Álvaro Machado), que falleció el 21 de agosto del 2021.
El presunto origen de este brote pudo estar en una trabajadora del centro, A.I.Z.A.. Esta empleada había reconocido ante los responsables del geriátrico, y también en conversación con una compañera de trabajo, que los días 30 y 31 de julio estaba indispuesta y con síntomas. Sin embargo, fue a trabajar «para no perjudicar al servicio». No fue hasta el 4 de agosto cuando, confirmado el diagnóstico de Covid, cogió la baja por enfermedad.
DESPEDIDA
El hecho de que A.I.Z.A. diese positivo en el test que se realizó en la residencia llevó a los responsables del geriátrico a despedirla, mediante burofax del 25 de agosto, por negligencia en su actuación. La dirección del centro también reconoció que la mayoría de los positivos de Covid que se dieron en estas fechas en el geriátrico (15 residentes y siete trabajadores) fueron en la planta donde estaba asignada la trabajadora despedida.
Para los responsables del centro, nunca debería haber ido a trabajar con su sintomatología, compatible con Covid. Y que debería haber comunicado a la dirección estos hechos.
