Los duros datos de las presuntas negligencias médicas en España en 2025 son de pura crónica negra. El récord de 14.986 denuncias y 951 fallecidos en un año es escandaloso. Estas cifras nos dan una primera reflexión: el deterioro de la gestión de la sanidad española se cobra en vidas humanas. Eso para empezar. Pero hay una segunda parte aún peor. Como abogado que brega a diario en los tribunales defendiendo a las víctimas de la mala praxis médica, compruebo a diario que la tragedia no termina en el quirófano ni en la sala de urgencias. Ahí es solo donde empieza el calvario. Existe una violencia institucional posterior, soterrada y aún más cruel. El limbo absoluto al que el sistema judicial condena a quienes han visto su vida destrozada por un fallo médico.
Lentitud inhumana
Asistir a un cliente que ha sufrido una amputación indebida, una parálisis por un error en la anestesia o la pérdida irreversible de un familiar por un diagnóstico tardío es demoledor. Pero explicarle a esa misma persona que posiblemente deberá esperar años para que un juzgado convoque la primera vista es una experiencia profundamente vergonzosa. Vivimos inmersos en un escenario kafkiano, un delirio burocrático donde los juzgados colapsados devoran el derecho a la tutela judicial efectiva.
Vosseler Abogados denuncia la negligencia administrativa que ahoga a una familia
La lentitud de la Justicia en estos casos no es un mero inconveniente administrativo; es una condena a la penuria económica y emocional. ¿Cómo afronta un trabajador la compra de una prótesis, la adaptación de su vivienda o el pago de asistencia 24 horas si el fallo médico lo ha dejado inválido y el tribunal puede tardar en pronunciarse? El sistema exige pruebas, peritajes e informes mientras la víctima, despojada de su capacidad de generar ingresos y sin indemnización a la vista, se desangra económicamente. Es la indefensión elevada a la máxima potencia.
De la Justicia a la impunidad
Pero no todos salen perjudicados por este colapso. A las aseguradoras les beneficia. El tiempo juega a su favor mientras desgasta la resistencia de las víctimas, que aceptan indemnizaciones irrisorias porque necesitan ya ese dinero para afrontar su nueva vida. Cuando veo esto en mi día a día llego a la conclusión más dura como profesional. Una justicia que tarda en responder no es justicia, es impunidad.
Ahora bien, hay que ser justos con el diagnóstico: la responsabilidad no es de los jueces, sino de una administración de justicia que tiene que aumentar en un 50% el número de jueces y magistrados de este país para salir del actual colapso en el que están inmersos. Sin los recursos humanos necesarios, cualquier intento de agilizar los procesos es un brindis al sol.
Condena al Servicio Andaluz de Salud por una negligencia médica
Colapsos
En Vosseler Abogados llevamos muchos años combatiendo este abandono de la Justicia. Las casi 15.000 negligencias médicas de 2025 (y sin duda al alza) deberían remover la conciencia de una administración sanitaria que parece ajena a este bochornoso récord. Y a esto se suma la parálisis judicial. Ambas necesitan una reforma inmediata y contundente. Como profesional del Derecho, duele comprobar que el Estado es incapaz de garantizar un juicio justo en un plazo razonable a quien ha sido mutilado o arruinado por un error médico. Porque entonces el Estado se convierte en cómplice del daño. Ni las víctimas ni sus familias pueden seguir pagando con sus vidas el precio del colapso sanitario e institucional.
Reclamación de daños y perjuicios en casos de negligencia médica
