El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado una sentencia que pone fin a años de litigio. Confirma la nulidad de pleno derecho del proceso de selección para la Unidad Canina de la Policía Municipal de Sabadell. El fallo ratifica la resolución previa de 2023, calificando de “arbitraria” la actuación de la administración local y del entonces intendente mayor del cuerpo, Joan Antoni Quesada.
Esta resolución supone una victoria jurídica para el agente A. H., delegado del sindicato UGT-SP, quien ha contado con la representación legal de Vosseler Abogados durante todo el proceso judicial.
Mala praxis
El caso se remonta a finales de 2020, cuando el agente A. H. optó a una plaza en la Unidad Canina tras una trayectoria impecable. A pesar de que el entrevistador técnico (inspector) calificó a A. H. como el candidato “idóneo” , el intendente Quesada paralizó el proceso sin justificación. Y meses después, otorgó la plaza a otro agente con menos formación y experiencia en la plaza de la Unidad Canina.
La sentencia del TSJC confirma ahora que existió una decisión predeterminada y carente de objetividad. Y valida los testimonios que denunciaron presiones y amenazas por parte de la jefatura para modificar informes técnicos con el fin de favorecer a un candidato específico.
Tal como especifica la sentencia, la actuación administrativa, además de arbitraria, careció de motivación adecuada. Y reafirma que la potestad discrecional debe ejercerse con motivación y sin arbitrariedad.
Valoración jurídica
«Esta sentencia es un triunfo de la legalidad en el control de las decisiones discrecionales», señala Lluís Domingo, letrado de Vosseler Abogados que ha liderado la defensa del agente. “El TSJC es claro: no se pueden vulnerar los derechos laborales de un funcionario mediante decisiones caprichosas que no buscan lo mejor para el servicio público”.
“Se ha hecho justicia con un profesional. Fue apartado de su derecho a la promoción por una gestión que el Tribunal no duda en tildar de arbitraria. Es un aviso necesario contra las malas praxis en la administración pública», concluye Lluís Domingo.
La Justicia determina así que, aunque la administración tiene potestad organizativa, esta debe someterse siempre a la ley. Y a criterios de mérito y capacidad, nunca al arbitrio personal. Que es lo que sucedió en el caso de la Unidad Canina de Sabadell y que ha llevado a la nulidad en la selección.
