El actual proceso de regularización extraordinaria de extranjeros en España está generando efectos colaterales inesperados. Y, en algunos casos, preocupantes desde un punto de vista legal. Daniel Salvador, responsable del área penal de Vosseler Abogados, participó recientemente en el programa ‘L’Altaveu al pati’ de TVE-Catalunya para arrojar luz sobre un fenómeno detectado por los expertos: el incremento desproporcionado de denuncias por pérdida o sustracción de pasaportes entre la población inmigrante en situación irregular.
El «truco» del duplicado: ¿Por qué desaparecen los pasaportes?
Según explica Daniel Salvador, se ha observado una «desproporción total» en las solicitudes de duplicados de pasaportes ante los consulados. Aunque denunciar la pérdida de un documento no constituye en sí mismo una irregularidad, el contexto de la nueva regulación propuesta por el Gobierno —que exige una estancia mínima de ocho meses en el país— sugiere una motivación oculta.
«Se nos ocurren dos opciones principales», señala Salvador. «La primera es que, junto con la denuncia de pérdida y el certificado consular, se puede engañar sobre el tiempo real que se lleva en el país. Al mentir sobre la fecha de llegada en el nuevo documento, muchos buscan cumplir artificialmente con el requisito de los ocho meses para acceder a la regularización».
La declaración responsable: una brecha en la seguridad jurídica
Uno de los puntos más polémicos destacados por el responsable penal de Vosseler Abogados es la aparente falta de rigor en la comprobación de antecedentes penales. Debido a las dificultades logísticas para identificar a personas sin pasaporte o con documentos duplicados, se está permitiendo un recurso que ha sorprendido a los expertos: la declaración responsable.
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Sin verificación oficial: En lugar de aportar un certificado oficial de antecedentes penales del país de origen, el sistema está aceptando que el propio solicitante declare, bajo su responsabilidad, que no tiene antecedentes.
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Falta de control: Esta medida, adoptada en parte por el colapso administrativo y los problemas de filiación, supone un riesgo evidente, ya que se da por válido un testimonio sin contrastar con las autoridades internacionales.
Un proceso «sobrepasado»
Para Daniel Salvador, la conclusión es clara: la Administración se ha visto superada por la logística del proceso. La rapidez con la que se ha implementado esta regularización extraordinaria ha dejado «muchas rendijas» abiertas que pueden ser aprovechadas para el fraude.
«Esta regularización no cuenta con los elementos legales y necesarios para verificar con certeza cuánto tiempo lleva una persona en el país ni si realmente carece de antecedentes penales», concluye el abogado.
Desde Vosseler Abogados, recordamos la importancia de realizar cualquier trámite de extranjería bajo el estricto cumplimiento de la legalidad para evitar futuras complicaciones penales o la denegación de permisos por falsedad documental.
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