El Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Cerdanyola del Vallés ha resuelto que el caso del Mosso d’Esquadra D. G. V., acusado de presunto delito de cohecho, “debe tramitarse por el procedimiento ante el Tribunal del Jurado”.
Álvaro Machado, letrado de Vosseler Abogados que representa legalmente a D. G. V., considera que un tribunal popular (compuesto por ciudadanos) “está perfectamente capacitado para analizar las pruebas y dilucidar la verdad de los hechos. Unos hechos –apunta Álvaro Machado- que nos llevarían a la demostración de la inocencia de mi cliente”.
«Estamos convencidos de que, una vez presentadas todas las evidencias, el jurado declarará su inocencia de los supuestos delitos que se le atribuyen», afirma el letrado de Vosseler Abogados.
Los hechos
D.G.V., agente de los Mossos d’Esquadra destinado en la Unitat Central de Segrestos i Extorsions (UCSE), fue detenido el 15 de noviembre de 2024. Le detuvo la DAI (Divisió d’Afers Interns dels Mossos d’Esquadra), al atribuirle un presunto vínculo con banda criminal. La razón estaría en una supuesta venta de información a una banda de narcotraficantes que opera desde Sabadell.
Pero el 19 de noviembre, el Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Sabadell dejó a D.G.V. en libertad provisional. Consideró que «no ha lugar la adopción de la medida de prisión provisional comunicada y sin fianza».
Ya en su momento, Álvaro Machado señalo que su cliente quedó en libertad porque “no tiene absolutamente nada que ver con las actividades delictivas de las personas con las que lo han relacionado». Álvaro Machado explicó que en el domicilio del agente «no se encontró ni armas, ni dinero, ni drogas». Por este motivo, el letrado considera que la DAI «vuelve a estar en el punto de mira al señalar a agentes sin sostener pruebas incriminatorias».
El letrado rechaza cualquier tipo de relación con esta banda para pasar información, señalando que resulta imposible por los cortafuegos y controles internos de Mossos. «Si un agente no está autorizado expresamente en el SIP-PI (Sistema d’Informació de la Policia de la Generalitat) en una investigación concreta, no es posible acceder a todos los datos. Solamente una matrícula y una dirección – explica el abogado de Vosseler Abogados-. Unos datos que también obran en registros públicos, por lo que no pueden comprometer la seguridad colectiva».
