Vosseler Abogados ha asumido la representación legal de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, en su denuncia contra el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el exfutbolista Gerard Piqué por el multimillonario acuerdo económico que llevaron a cabo para trasladar la competición de la Supercopa de fútbol a Arabia Saudí. En su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, Miguel Galán, presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, y presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (Cenafe), acusa a Rubiales y Piqué de una «supuesta corrupción entre particulares, corrupción en los negocios, administración desleal, prevaricación administrativa y un supuesto delito de cohecho».
Desde Vosseler Abogados se considera que se debe llevar este caso hasta el final “por los supuestos graves delitos que se infieren del peculiar contrato con Arabia Saudí. Nuestra intención es agilizar e impulsar este procedimiento para que haya la apertura de juicio oral en el más breve periodo de tiempo”.
Competición de carácter público
“Al igual que la Copa del Rey, la Supercopa es una competición pública delegada –explica Galán-, por lo que no se puede exigir que el contrato con Arabia Saudí haya un pago por comisiones de 4 millones de euros por edición (en total 24 millones de euros), para el comisionista Gerard Piqué. Además, Piqué entonces era jugador en activo del Barça y, por tanto, directamente implicado en la competición deportiva”.
Tal como señala el presidente de Transparencia y Democracia en el Deporte, “en el contrato con Arabia Saudí aparece una cláusula en la que se especifica que, si no se cumple el pago, la empresa Kosmos (de Gerard Piqué), se rompe el contrato. Cabe señalar que existía un precontrato con Qatar, que ofrecía más dinero por acoger la Supercopa, pero que el por entonces presidente de la FEF rechazó porque no incluía la cláusula a favor del comisionista. Está claro que Piqué disfrutó de un trato privilegiado por parte de Rubiales por motivos no aclarados”.
Reparto desequilibrado
En este contrato de la Supercopa, “que es una competición pública y no un negocio privado”, Galán considera escandaloso el reparto económico que se especifica: “En la primera edición, el Betis cobró unos 2 millones de euros; el Valencia, 3 millones de euros, y el comisionista, 4 millones de euros.
“También llama la atención –apunta Galán- que el contrato especificase que si Barça o el Real Madrid llegaban a la final (cobrando 8 millones de euros cada uno), la FEF cobraría también un plus sobre lo acordado. Así, a la FEF le interesaba que Barça o Real Madrid llegaran a la final, y eso abre una evidente sospecha sobre la imparcialidad en la competición que controla la propia FEF. Es decir, poner en un brete a los árbitros y a sus posibles errores a favor de uno de los dos grandes para que jugase la final”.
