El plató del magacín informativo ‘Hoy en día’ de Canal Sur, conducido por Toñi Moreno, ha vuelto a ser el escenario de una denuncia pública que sigue creando un gran debate público. Porque deja en evidencia las graves carencias tanto en prevención de riesgos laborales de un accidente laboral en Bacares (Almería), como en el funcionamiento de la Administración de Justicia en nuestro país
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Se trata del caso de Raúl Miralles, un trabajador de 47 años que, tras sufrir un catastrófico accidente laboral que lo ha dejado en silla de ruedas y con dependencia absoluta, se enfrenta ahora a un laberinto burocrático que mantiene su indemnización y su proceso judicial completamente congelados.
Ausencia de seguridad
Los hechos se desencadenaron el pasado mes de septiembre, cuando Raúl acudió a realizar tareas de desbroce en el Castillo de Bacares (Almería). Cuando trabajaba cayó al vacío desde una altura de unos 25 metros. Las consecuencias médicas han sido devastadoras: Raúl se encuentra ingresado con un daño cerebral severo, el lado izquierdo de su cuerpo paralizado y una pérdida casi total de fuerza en su pierna derecha.
A la gravedad de las secuelas se suma la indignación por las condiciones en las que trabajaba. Tal y como relató en el programa su esposa, Marta, Raúl se encontraba desbrozando «sin línea de vida». Para mayor gravedad, no estaba contratado para realizar tareas en altura ni había recibido los cursos de formación obligatorios para un entorno tan peligroso.
El informe oficial de Inspección de Trabajo ha determinado con rotundidad que se permitió la exposición del empleado a un riesgo grave y evidente, apuntando directamente a la responsabilidad del Ayuntamiento de Bacares como entidad empleadora.
La voz de la defensa: la abogada Ámbar Zambrano
La dirección jurídica del caso, liderada por la letrada de Vosseler Abogados Ámbar Zambrano, intervino en el programa para desglosar la compleja estrategia legal que están ejecutando y denunciar el inadmisible bloqueo que sufre la familia.
- Sanción máxima por infracción laboral: Debido a la acumulación de medidas de seguridad incumplidas por el consistorio, la Inspección de Trabajo ha propuesto un recargo de prestaciones de más del 50%, el máximo legal permitido por la normativa.
- Bloqueo injustificable en la vía penal: A pesar de la claridad del informe de inspección, el procedimiento penal se encuentra encallado en el juzgado. Zambrano explicó que el proceso está detenido desde septiembre porque la plaza de un funcionario de baja está vacante. Para colmo, tras la reciente incorporación de un nuevo funcionario, el juzgado mantiene congelados todos los expedientes —incluido el de Raúl— para centrarse en una única causa ajena.
- La insuficiencia del seguro municipal: Aunque la indemnización global necesaria para cubrir los cuidados de Raúl de por vida podría rondar el millón de euros, la póliza de seguro del Ayuntamiento de Bacares es alarmantemente baja. «Con ese dinero no resolveríamos la situación», alertó la abogada.
- Ampliación de la responsabilidad a la Diputación: Ante la evidente brecha entre el daño causado y la cobertura del seguro local, Zambrano confirmó que la estrategia pasa por exigir formalmente la comparecencia de la Diputación Provincial en el procedimiento para salvaguardar los derechos económicos de la víctima.
- Gestión de la Gran Invalidez: En paralelo a la batalla en los tribunales, la defensa se encuentra tramitando el reconocimiento de la gran invalidez del trabajador, una prestación vital para sostener económicamente sus cuidados diarios urgentes.
La urgencia de la familia frente a los tiempos de la Justicia
Mientras el juzgado dilata los plazos, la realidad de la familia es acuciante. Raúl recibirá el alta médica en unos meses y regresará a casa, donde necesitará asistencia continua y una vivienda completamente adaptada a sus nuevas necesidades físicas.
A pesar de que los colaboradores de Canal Sur plantearon la posibilidad de pactar un adelanto inmediato extrajudicial con la aseguradora para cubrir las primeras necesidades, la letrada Ámbar Zambrano, responsable del área de laboral de Vosseler Abogados, se mantuvo firme en la necesidad de no frenar la presión legal contra las administraciones públicas responsables. Si bien un acuerdo menor con el seguro puede servir «para tirar unos meses», resulta del todo insuficiente para garantizar el futuro de Raúl, quien con solo 47 años presenta una dependencia total de por vida.
Desde Vosseler Abogados recordamos que un accidente laboral, como el de Bacares, no es una fatalidad del destino. En la inmensa mayoría de las ocasiones, como en este trágico suceso de Raúl, son la consecuencia directa del quebrantamiento de las normas de prevención de riesgos. Y, además, una Justicia que se retrasa casi un año por deficiencias organizativas del propio juzgado deja de ser Justicia para convertirse en desamparo. Sigamos trabajando por el bien de las víctimas.
Derechos de los trabajadores en casos de accidentes laborales
