Investigan una estafa en centros de oposiciones

Por 12 abril, 2012 octubre 27th, 2021 Noticias
Investigan una estafa en centros de oposiciones

2.000 personas se querellan contra el administrador del Institut Access por una presunta estafa y éste se da a la fuga

 

En tiempos de crisis económica y de elevadísimas tasas de paro, muchos trabajadores inclinan sus preferencias laborales hacia el sector público ya que, si bien los funcionarios también sufren las políticas de austeridad, el trabajo estable se convierte en un fuerte reclamo que se ve reflejado en el incremento de estudiantes en las academias que tienen por objeto ayudar a aprobar las oposiciones.

Algunos de estos estudiantes han optado por estudiar en centros de formación que, en virtud de un contrato, se comprometían a devolver el dinero si tres años después no habían superado las oposiciones, o bien, a continuar el curso académico de forma gratuita. “Ni el mejor comercial te lo garantiza por escrito”, manifiesta Daniel Vosseler, letrado del despacho de abogados Vosseler Abogados, que junto con Liliana Villanueva, también letrada del mismo despacho, representan a unas 2.000 personas que decidieron presentar una querella por una presunta estafa contra E.R.B., el propietario de la red de academias Institut Access.

Sin embargo, el número de afectados se estima que puede ser superior a 5.800 personas, vinculadas en ocho academias catalanas y una ubicada en Madrid, la totalidad de las cuales han cerrado en los últimos siete meses. Y es que estos afectados no solo son estudiantes de oposiciones, sino también profesores y proveedores de servicios.

Los letrados de Vosseler Abogados han reiterado que la estafa es de tanta magnitud que muchos de sus clientes tienen dificultades económicas debidas a la amplia inversión de dinero en esta formación, hecho que ha motivado al despacho a cobrar los honorarios mediante pagos fraccionados mensualmente para no tener que dejar a ningún afectado fuera de la reclamación.

De acuerdo con el primer cálculo efectuado por el despacho de abogados, la reparación del dinero que presuntamente se ha estafado alcanza los 270.630 euros, si bien se prevé que dicha cantidad se incrementará ya que cada día hay nuevas reclamaciones debido a que muchos afectados están conociendo la querella gracias a las redes sociales e Internet. Dicha cifra resulta del total de dinero invertido por cada afectado, que oscila entre los 900 y 3.000 euros que los estudiantes tenían que pagar por avanzado, más una indemnización de daños y perjuicios valorada en 1.000 euros para cada afectado.
En la querella se especifica que E.R.B. era el administrador del Institut Access, que se utilizó para abrir los centros en virtud de los cuales se realizó la presunta estafa, dando lugar a unos 5.800 contratos, en su mayoría de ocasiones con jóvenes en paro que vieron en la función pública la única opción de salir del paro. Asimismo, también se hace constar que el servicio prestado por las academias fue empeorando hasta el punto de no dar el material adecuado o dar material obsoleto, no atender a distancia y no informar de las convocatorias de oposiciones. Tanta fue la desinformación que se proporcionaba a los estudiantes que, en ocasiones, se cerraron academias sin avisarlos.

Las consecuencias de esta presunta estafa han afectado a distintos sujetos: desde los estudiantes que ya no pueden acudir a la academia y que no han recuperado el dinero invertido, hasta los profesores que han dejado de cobrar y los proveedores de servicios que los han tenido que dejar de prestar y a quienes también se les debe dinero.

Los letrados que llevan el caso consideran que, atendiendo a la cantidad de afectados, la entidad del perjuicio económico generado y la situación en la que se quedan los querellantes, se ha podido cometer un delito de estafa agravado penado con una pena de prisión de cuatro a ocho años. A ello hay que añadirle que, después de que el Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona abriera diligencias previas y ordenara una investigación policial que permitiera conocer la versión del querellado, los agentes no han conseguido contactar con él. Es por ello que el juez ha ordenado la averiguación del lugar donde se encuentra E.R.B.

 

Autor Vosseler Abogados

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