Como en muchos otros temas que inquietan a nuestra sociedad, no son pocos los políticos que en plena campaña electoral sacan de la chistera viejos debates que abren heridas en unos y otros bandos. En esta ocasión uno de estos temas ha salido a la palestra con el caso de Ángel Hernández, que, a través de un vídeo, dio a conocer al mundo que había prestado ayuda a su esposa, María José Carrasco, que padecía esclerosis múltiple desde hacía treinta años, a abandonar este mundo.
A pesar de que en nuestra constitución está reconocido nuestro derecho a la vida, concretamente en el artículo 15 CE, no se dice nada sobre el derecho a morir, ni cuándo ni cómo podemos o debemos hacerlo. Y si bien es cierto que si una persona decide suicidarse y, por la razón que sea, no lo logra, no se le aplicará ningún castigo por ello (si no, por lo general, todo lo contrario: el Estado le presta su ayuda para poder salir de esa terrible situación mediante nuestro Sistema de Salud), si es un tercero quien pretende asistir a la muerte, el peso de la ley caerá irremediablemente. Como reza el artículo 143.3 del Código Penal, la pena por este delito (tipificado como homicidio consentido) es de seis a diez años de cárcel, un dato que en muchas ocasiones frena cualquier tentativa en este sentido, a pesar de que los implicados estén completamente de acuerdo en el hecho que pretender llevar a cabo.
Así las cosas, no son pocas las asociaciones proeutanasia (como por ejemplo, la Asociación Derecho a Morir Dignamente), que vienen reclamando desde hace años el derecho a una muerte digna para aquellas personas sumidas en enfermedades incurables, que irremediablemente llevarán a la muerte, y que por el camino (que en ocasiones puede ser de muy larga duración) padecen sobremanera. Precisamente en la actual legislatura, concretamente en el año 2018, se presentó en el Congreso de los Diputados una “proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia”, de la mano del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con el fin de “dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista, a una demanda sostenida de la sociedad actual como es la eutanasia”. Sin embargo, la ley no progresó debido a que no consiguió el consenso suficiente.
Así pues, en la actualidad, los magistrados deben atender cada caso con sus propias características, atenuantes y circunstancias, y dar una respuesta a cada uno concretamente. De esta forma, la respuesta penal puede llegar a ser muy distinta en cada caso.
